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El caso de extorsión desde un call center en Quito culminó con 31 personas sentenciadas por el delito de asociación ilícita. Según la Fiscalía General del Estado, las penas van de entre 12 y 18 meses de cárcel.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, los acusados pidieron someterse a un procedimiento abreviado y reconocieron su participación en el delito. Con base en lo expuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) acordaron la pena con Fiscalía, según su grado de participación.
Los 31 son parte de un grupo de 44 personas a quienes Fiscalía formuló cargos por asociación ilícita. El primer grupo se acogió a procedimiento abreviado y los otros 13 procesados continuaron con el procedimiento ordinario.
De ellos, según la Fiscalía, únicamente tres serán llamados a juicio; para los 10 restantes se dictó auto de sobreseimiento. El fallo será apelado por la Fiscal del caso.
Durante este proceso, las autoridades identificaron otros posibles delitos relacionados con el enriquecimiento privado no justificado, como la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica. También hay indicios de violación a la intimidad y pornografía infantil.
Por estos supuestos actos, la Fiscalía inició las respectivas investigaciones previas.
Extorsiones desde un call center
En el juicio, los 31 sentenciados admitieron haber llamado y enviado mensajes a personas en Ecuador, México y Colombia exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad.
Además, la Fiscalía demostró que la banda utilizaban las aplicaciones Pegasus, Rimbill y de mensajería instantánea para enviar mensajes, fotos y videos que mostraban personas siendo mutiladas, advirtiendo que eso les ocurriría si no cumplían con sus exigencias.
También testificaron los agentes de policía que ejecutaron el operativo el 25 de junio de 2025, así como peritos en informática forense, reconocimiento del lugar de los hechos, análisis financiero, reconocimiento de evidencias y pericia informática de los dispositivos tecnológicos, entre otras pruebas con las que Fiscalía motivó su acusación.
