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La madrugada del 29 de junio de 2026 se registraron dos explosiones en el norte de Quito. Dos artefactos explosivos, abandonados en maletas en los exteriores de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Agricultura, dejaron tres guardias heridos y el rastro de un panfleto de los supuestos perpetradores con una amenaza que apuntaría directamente a la cúpula de la institución, de otros funcionarios y personas relacionadas a la actividad extractiva.
Entre los escombros de vidrio y el humo, se habría dejado un panfleto bajo el título: “Segundo y último aviso”.
En un lenguaje crudo y directo, los perpetradores lanzan una advertencia: “Estamos arrechos con este mierdero de corrupción en Arcom, peor que venga un extranjero a promoverla y extorsionar”.
El blanco principal de este ataque sería uno de los directores de la Arcom, Francisco C.
El pasquín lo responsabiliza de liderar una supuesta red de cobros ilícitos:
Según el texto, se estaría exigiendo un “5%” de las facturas por ‘debajo de la mesa’ para permitir trámites de exportación minera.
¿Quién es Francisco C.? Un gran patrimonio y sombras judiciales
Francisco C., abogado y geólogo de nacionalidad colombiana, asumió la dirección de la Arcom en abril de 2026, convirtiéndose en el tercer titular de la entidad bajo la actual administración del Gobierno de Daniel Noboa.
Su llegada fue anunciada como una “depuración radical”, pero su perfil patrimonial y judicial hoy genera más dudas que certezas.
En la declaración juramentada de bienes presentada al inicio de su gestión en la Contraloría, Francisco C. ostenta un patrimonio neto de USD 1.142.204, sin registrar pasivo alguno.
Sus activos incluyen USD 641.000,00 en bienes muebles y una casa en la provincia de Caldas, Colombia, valorada en USD 500.000. En sus cuentas bancarias en Ecuador, sin embargo, solo reportaba un saldo de USD 1.077.
Y en lo judicial…
Pero el rastro de Francisco C. no es solo económico. El directivo enfrenta un proceso judicial activo en Ecuador. Bajo el número de proceso 07312-2026-00118, Francisco C. es demandado en una Acción de Protección con medida cautelar en el cantón minero Portovelo, en la provincia de El Oro.
El juez de la causa ordenó a la Arcom suspender provisionalmente los efectos de una resolución sancionatoria, del 20 de abril de 2026, que incluía una multa de 200 salarios básicos y el decomiso de material mineralizado en la planta “CORONELGOLD”.
El tribunal advirtió que la Arcom, bajo el mando de Francisco C., ha mostrado resistencia a cumplir con esta orden judicial, lo que derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo.
No es el único colombiano en el mando estratégico de la Arcom.
Marco Antonio S., experto en inteligencia y lavado de activos, funge como Coordinador Nacional de Control Minero, un cargo que militares en servicio pasivo califican como un “jefe de operaciones” que maneja información de seguridad nacional.
A diferencia de Francisco C., Marco Antonio S. no registra procesos judiciales en Ecuador. Su declaración patrimonial en la Contraloría muestra un patrimonio de USD 498.737, con activos por USD 522.737 (incluyendo dos inmuebles en Cundinamarca y Bogotá) y pasivos por USD 24.000.
Los otros nombres del panfleto
El panfleto no solo ataca a estos altos directores de la Arcom. También menciona a Ivan P. U. y Michelle R., identificándolos como piezas clave en el esquema de exportaciones. Documentos oficiales de transparencia de la Arcom —a mayo de 2026— confirman que ambos son funcionarios activos de la agencia estatal.
Iván P.U. figura como Especialista de Regulación Legal Minera. Mientras que Michelle R. labora como Especialista de Control de Derechos y Seguridad Minera. Ambos cargos los cumplen en el lugar donde se registraron las explosiones.
¿Quién es Jordy P.?
El ataque explosivo de la madrugada del lunes guardaría una conexión con otros hechos violentos en el sur del país.
En el panfleto dejado en la Arcom se lee: “Cuál es la corona que tiene Yordy P (…) ya le dieron la platita (dinero)”.
Radio Pichincha, con ayuda de funcionarios de la Policía, confirmó que se trata de un reconocido empresario minero, quien según registros de la Superintendencia de Compañías, es gerente general de 10 empresas y accionista en otras cinco, la mayoría dedicadas a la actividad minera.
El nombre de Yordy P. ha aparecido en escenas de horror recientemente.
El 27 de junio de 2026, un cuerpo desmembrado fue hallado en una funda negra en el sector El Pindo, provincia de Loja, junto a panfletos que tildan a Jordy P. de “asesino” y advierten a quienes colaboren con él.
Un hecho similar ocurrió en Zaruma, donde se abandonó una cabeza humana con amenazas dirigidas a sus colaboradores. Estos grupos criminales acusan a Yordy P. de usar a la Arcom para “amedrentar” a otros mineros y exportar oro bajo su control exclusivo.
Tras las explosiones de la madrugada del lunes, la Arcom rechazó y condenó el atentado, calificándolo como un “acto de violencia e intimidación” contra la institución. La agencia aseguró que el ataque no detendrá las acciones estatales para combatir la extracción ilícita de minerales, proteger los recursos naturales y garantizar un sector minero transparente.
En el panfleto también se menciona a los “Machuca” y a Natalia A.
Las polémicas detrás de la Arcom: corrupción y coimas
Las polémicas no son diferentes a la gestión de la Arcom.
En marzo de 2026, Marcelo Soto, director de la Arcom en Zamora Chinchipe, fue separado de su cargo tras filtrarse un audio donde exigía USD 2.500 semanales a mineros artesanales.
En la grabación, Soto coordinaba pagos a través de un intermediario y alertaba sobre inspecciones militares:
Apenas un mes después, en abril de 2026, el escándalo salpicó a Azuay.
El director zonal Richard Cando Jumbo fue grabado pidiendo coimas para aprobar amparos administrativos. También fue separado de la institución.
En el audio se escucha a un minero preguntar: “¿Los 10 serían por darme a favor el amparo?“, a lo que Cando responde simplemente: “Sí”.
Cando, con un patrimonio de apenas USD 18.399 y múltiples juicios por deudas, nunca debió ser nombrado en un cargo estratégico, según investigadores policiales, como revela un reportaje del medio Código Vidrio.
Decisiones clave y cuestionadas
En medio de este caos, la Arcom ha tomado decisiones que han generado fuertes críticas y sospechas de favorecimiento.
El 24 de junio de 2026, solo cinco días antes del atentado, Francisco C. firmó la Resolución ARCOM-006/26, que establece las fórmulas para el cálculo de la Tasa de Supervisión y Control que deben pagar los mineros.
Esta medida se suma a la controvertida decisión del Gobierno de excluir del cobro de tasas a las concesiones en fase de exploración y evaluación económica, lo que ha sido visto por sectores críticos, como la Cámara de la Minería, como una forma de aliviar la carga financiera a las grandes empresas mientras se presiona a la pequeña minería.
Radio Pichincha
