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Los detalles sobre la supuesta corrupción alrededor de una acción de protección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército quedaron al descubierto este 26 de agosto de 2024, durante uno de los testimonios anticipados del caso Purga.
Ruth Solano, una abogada que trabajaba en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue la primera en rendir su testimonio anticipado en esta jornada. Ella es una de las cooperadoras de la Fiscalía, y consta en el programa de protección a víctimas y testigos.
Su testimonio comenzó pasadas las 10:00, después de demoras porque los procesados no estaban presentes telemáticamente para oír el testimonio. Terminó pasadas las 11:00.
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Solano comenzó su testimonio narrando que la terminación unilateral del contrato con la Empresa de Obras Públicas causó una gran preocupación porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sería declarado contratista incumplido, lo que le prohibiría recibir contratos públicos en cinco años.
El origen de los problemas estaba de un contrato de repavimentación que data de 2019, entre la Empresa de Obras Públicas de Quito y un consorcio, integrado por el Cuerpo de Ingenieros. El contrato tuvo una serie de problemas por la pandemia de covid-19.
Por ello, Solano contó que presentaron al menos dos acciones de protección en Quito, que fueron negadas en dos instancias. Por ello, en el Cuerpo de Ingenieros buscaron contratar, mediante comisión de servicios, al abogado Andrés Chávez.
El caso pasa a Guayas
Solano contó en su testimonio que, ante la preocupación de que el Cuerpo de Ingenieros quede como contratista incumplido por cinco años, buscaron al jurista Jorge Zavala Egas para que les plantee opciones. Dijo que en una reunión, Zavala Egas les sugirió que presenten una nueva acción de protección en Samborondón.
Esta acción se planteó en diciembre de 2022, y recayó en manos de la jueza Larissa Ibarra. Sin embargo, en febrero de 2023, ella también negó la acción propuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Frente a esto, narró Solano, plantearon la apelación en la Corte Provincial, y esta recayó en un tribunal integrado por los jueces Henry Taylor, Guillermo Valarezo y Fabiola Gallardo. Pero dijo que había una presión muy fuerte desde el Ejército para solucionar este caso, pues estaban por firmarse dos contratos grandes con Petroecuador, uno de ellos para el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
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En ese contexto, Solano contó que Chávez (también procesado en el caso Purga) sugirió la contratación de Tatiana Villafuerte (también procesada) para este caso. Villafuerte era abogada, y fue asesora de Pablo Muentes en la Asamblea. Solano contó que ella se opuso a la contratación, pero Chávez logró imponerse.
La testigo contó que en esta búsqueda de apoyo, a través del entonces ministro de Transporte, César Rohon, lograron concretar una reunión de trabajo con Elcy Celi, entonces vocal suplente de la Judicatura. «Es ella quien tiene contactos en Guayaquil y sugiere y gestiona una reunión con Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte Nacional», sostuvo.
«Yo jamás tomé contacto con ninguno de los jueces y no sabía que Andrés Chávez tenía contacto permanente. Me hace pensar que él tenía reuniones adicionales con los comandantes en las que yo no estaba».
Solano aseguró que en una reunión en la que ella no estuvo en una reunión en la que Chávez habría ofrecido la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Y por ello, dijo, el comandante del Cuerpo de Ingenieros fue quien dispuso verificación del material.
La testigo contó que los generales de la institución estaban al tanto del ofrecimiento de la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte. Y dijo que incluso se reunieron en el salón que remodelarían. Y quien aprueba los pagos es de hecho la dirección del Cuerpo de Ingenieros, que le transfirieron los fondos a su cuenta.
Los movimientos de dinero
Solano contó que todos los pagos relacionados con este caso se hicieron a través de unos fondos de emergencia que maneja el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en los que ella hizo de intermediaria.
Según narró la testigo, ella recibió en su cuenta el dinero para pagar a Tatiana Villafuerte por su asesoría en el caso. El monto fue de aproximadamente USD 2.000.
Además, ella recibió los más de USD 7.000 para la remodelación del piso de la Presidencia de la Corte. Ella dijo que transfirió una parte de dinero a un proveedor de baldosas para piso, y también transfirió USD 1.485 a la cuenta de Mayra Salazar para la mano de obra y unos valores más para el transporte del material.
Solano dijo que con lo que sobró, le ordenaron que mande a hacer unas estatuillas de agradecimiento por haber permitido que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército siga trabajando, que se entregaron a Elcy Celi y a César Rohon, entre otros. También se mandó a hacer una placa para Andrés Chávez, que se le entregó antes de que termine su comisión de servicios.
«Todo esto estuvo en conocimiento de la máxima autoridad del Cuerpo de Ingenieros, Juan Javier Riofrío, quien no solo conocía, sino que aprobó y dispuso»
Ruth Solano, testimonio anticipado
Amenazas en la cárcel
Al terminar su testimonio, Solano rompió en llanto al narrar las intimidaciones y amenazas que ha sufrido en la Cárcel de Latacunga, en donde está detenida. Ese centro carcelario está bajo intervención militar, por lo que dijo que sufre constantes amenazas de los uniformados para que no delate a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Solano dijo que sufre muchas «instigaciones al suicidio». Que constantemente le golpean la puerta de su celda y le preguntan si ya se mató, y si lo va a hacer que lo haga en el siguiente turno porque no quieren limpiar.
Dijo que sufre tratos denigrantes y que los militares se burlan de su situación. Que ha pedido su traslado en múltiples ocasiones, pero que no se lo han aprobado.
La testigo dijo que teme por su vida y que recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico, y narró que tiene pesadillas en las que los militares matan a su familia. Que en varias ocasiones ha recibido permiso para participar en talleres dentro de la cárcel, pero que los militares se lo prohíben.
Dijo que, cuando la Fiscalía pidió vincular a generales del Ejército en el caso Purga, las cosas empeoraron, que los militares le amenazaron que algo le pasaría a su familia si los generales llegaban a ser detenidos.
Noticia en desarrollo.
