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Cuatro familiares de alias Odín fueron capturados durante la madrugada del 14 de mayo de 2026 tras 11 allanamientos en Santa Elena y Guayas. En el transcurso del día, fueron procesados por la Fiscalía por presunto lavado de activos, señalados de mover USD 1.5 millones entre 2018 y 2024.
Un juez dictó prisión preventiva contra tres personas y ordenó presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país para la cuarta procesada. La audiencia de formulación de cargos se realizó de tarde y finalizó pasadas las 19:00.
Danny N.G., es uno de los principales socios del serbio Jezdmir Srdán (sentenciado por lavado de activos). Fue detenido en 2025 por un caso de delincuencia organizada y señalado como miembro de la red delictiva que envió más de 10 toneladas de cocaína a Europa. Odín, según el expediente, cumplía funciones logísticas y operativas.
En diciembre el año pasado salió libre tras un polémico habeas corpus y desde entonces es prófugo de la justicia. Según el ministro John Reimberg, Odín constituyó un esquema familiar y societario para blanquear fondos, utilizando una compañía creada en 2019.
Ecuavisa.com accedió a detalles de la audiencia de formulación de cargos. El caso se sustenta en un reporte de Operaciones Inusuales de la UAFE, sobre movimientos por USD 1.5 millones sin sustento entre 2018 y 2024. Se presume que ese patrimonio está relacionado con el envío de droga.
Los implicados son del círculo familiar de alias Odín. Incluso, según consta en la Superintendencia de Compañías, la empresa implicada fue creada en 2019, en el sector de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Tiene como principal actividad, la instalación de espacios para actividades deportivas como gimnasios, piscinas, estadios, entre otros.
Odín fue presidente de esa compañía en 2022. Y la actual administradora consta dentro de las procesadas en este nuevo caso de lavado de activos.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía señaló que Daniel Adolfo N.G., (hermano de Odín), tuvo movimientos por más de USD 286 000 con ingresos mínimos declarados. Se identificó inversiones por USD 183 000 y adquisiciones de dos vehículos mediante pagos fraccionados para evadir los umbrales de reporte de la UAFE y declaró en cero los impuestos a la renta.
Según le página de la Superintendencia de Compañías, Daniel Adolfo es accionista de una empresa de venta al por mayor de equipos médicos y de laboratorio, creada en 2019 en Machala. Su hermana Jacqueline Naomi N.G., también consta dentro de la parte accionista.
Ella, de acuerdo al acta de audiencia, presenta ingresos por relación de dependencia por un monto de USD 44 486. Un valor que supuestamente no guarda relación con la compra de un vehículo en 2023 pagado en un solo mes, mediante múltiples depósitos de terceros. Tampoco está relacionada la adquisición de un terreno por USD 40 000.
La administradora actual de la compañía investigada, según el expediente, es abogada y declaró ingresos mínimos o nulos en varios periodos. Registró la compra de un vehículo y una oficina en 2025 sin suscribir la compra en el Registro de la Propiedad. Además, se le atribuyen ingresos inusuales de USD 88 360 no justificados por sus escasos clientes.
El representante de la empresa señalada no pudo ser detenido. Los seguimientos y vigilancias de los sospechosos comenzaron en octubre de 2025. Durante el operativo, se incautaron dos vehículos y un yate.
En los allanamientos, se encontraron USD 6 160 en efectivo, en una caja fuerte, cinco celulares, tres computadoras, dos DVR y documentos.
Familiares de Odín compraron carros, yate y terrenos en la Costa
Entre los procesados consta Jacqueline del Carmen G., madre de alias Odín. La señora tiene 64 años y la Fiscalía pidió presentaciones periódicas y prohibición de salida del país como medidas cautelares. Contra ella, se señaló que no registra ninguna actividad económica y, pese a eso, adquirió dos inmuebles.
El 9 de febrero de 2021 se registró la compra de un solar en el cantón Villamil Playas. Mientras que en 2023, compró un bien inmueble en una urbanización del cantón Daule.
Su hijo, Daniel Adolfo, pese a registrar una dinámica de flujo de dinero y compra y venta de vehículos, no se encontraron bienes inmuebles a su nombre. En agosto de 2022, se reportó la compra de títulos en una casa de Valores por USD 10 000.
Así mismo, en 2019 compró un vehículo por más de USD 44 000. Pero la forma de pago fue cancelado en un mes, con depósitos menores a los USD 10 000.
Daniel compró también una camioneta blanca doble cabina en 2022 por USD 101 300. En ese año, declaró cero impuestos a la renta y el vehículo lo pagó en 360 días con depósitos mensuales de USD 4 000. Además, adquirió un yate, que posteriormente habría sido vendido.
Respecto a las acciones de la compañía investigada, a inicios de mayo de 2026 transfirió parte de las acciones a su pareja sentimental.
Su hermana Jacqueline Naomi compró un carro en abril de 2023 por USD 28 799, un valor que se pagó en un mes. En 2021, adquirió otro auto por USD 15 000, pero el pago no está registrado en el sistema financiero nacional. Para 2025 se compró un terreno en el sector San José del cantón Naranjito por USD 44 000.
Algo que para los investigadores es inusual, ya que la compra no es consecuente con sus ingresos acumulados, además que la propiedad ya no está a su nombre. La sospechosa entre 2019 y 2025 registró pagos a 116 proveedores por USD 86 061.
La administradora de la empresa, Patricia T., adquirió una oficina en agosto de 2025 ante una notaria. Sin embargo, se evidenció que el inmueble no se registró en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Ella además tenía un vehículo y una vivienda en la parroquia Febres Cordero. Sus ingresos entre 2019 y 2025 apenas fueron de USD 9 850.
Procesados viajaron 10 veces al exterior a destinos como Panamá
Entre los argumentos de la Fiscalía para pedir la prisión preventiva, constan los múltiples viajes del círculo familiar de alias Odín. Incluso, dos de los implicados regresaron a Ecuador días antes de ser detenidos.
De acuerdo al detalle de la audiencia, el hermano de Odín registró viajes a 10 países, entre ellos Panamá, Perú, Colombia y Aruba. Su último ingreso a Ecuador fue el 11 de mayo de 2026 desde San Andrés, Colombia.
Su hermana volvió al país el mismo día, desde el mismo destino. Ella además registra cuatro viajes a Panamá y Colombia. Por eso, la Fiscalía argumentó un alto riesgo de fuga, debido a la capacidad económica.
Mientras que la presidenta de la compañía investigada, Patricia T., fue nombrada en el cargo desde julio de 2025. Ella registra 26 movimientos migratorios desde 2019 con destinos a Perú y Paraguay. Su último viaje fue el 27 de diciembre de 2025.
Además de la prisión preventiva dictada contra ellos tres, el juez prohibió la enajenación de bienes y la retención de cuentas bancarias por un monto de USD 1.5 millones.
