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Las denuncias por diezmos en la Asamblea Nacional alcanzaron al jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. Según las acusaciones, el legislador habría pedido dinero a su exasesor para gestiones como el cambio de aceite de su vehículo y viajes -sea terrestres como aéreos-. Los señalamientos se sustentarían en audios, chats y comprobantes de transferencias notariados, de acuerdo con la ponente del recurso, Ana Belén Tapia, de ADN.
Para Héctor Rodríguez, asambleísta por la Revolución Ciudadana, resulta una «coincidencia no tan agradable» que, luego de las denuncias del caso Porsche emitidas por González, exista una especie de represalia del oficialismo. Las declaraciones del jefe de bancada de la RC apuntan a presuntos vínculos entre el Gobierno y las explosiones de coches bomba en Guayaquil a modo de un aparente auto atentado.
Pese a esto, Rodríguez insistió en la importancia de garantizar el debido proceso para que el interpelado pueda presentar sus pruebas de descargo, entre las que, señaló, se incluirían transferencias del dinero en devolución a su exasesor.
«Es necesario que se tenga acceso a la verdad y a las dos partes«, dijo.
Una «opacidad» en temas de fondo
De acuerdo con el asambleísta Héctor Rodríguez, este tipo de situaciones desemboca en que los temas de fondo en la Legislatura pasen a segundo plano y aborden cada vez con «mayor opacidad». Entre ellos, dijo, se encuentran procesos de fiscalización como los fallidos contratos con Progen y Austral Technical Management y el cuestionado acuerdo con Healthbird en el sistema de salud.
Rodríguez cuestionó que, a pesar de que en la Comisión de Garantías Constitucionales se avocó conocimiento de estas causas, la Presidencia de la Asamblea le haya retirado la facultad de fiscalización.
Otra de las críticas, señaló, apunta al incumplimiento de Ministros de Estado a los pedidos de información.
«Parece que hay una instrucción de parte de Carondelet a no cumplir con esta función cuando se hace opaco«, señaló.
