Pujilí Enfrenta Crisis Municipal: La Ciudad Cuenta con Tres Alcaldes en Medio de Momentos Difíciles

Este miércoles al mediodía, la alcaldía de Pujilí fue escenario de un enfrentamiento político y judicial. El alcalde Raúl Antonio Arroyo Zambrano llegó a la institución para informar en rueda de prensa que, según un dictamen de una jueza, continúa en funciones como vicealcalde, cargo que fue elegido por el Concejo Municipal hace dos años. Debido a ello, en ausencia del alcalde titular, José Arroyo, debería convocarse una sesión del concejo para nombrar una nueva autoridad en la Vicealcaldía y continuar con las funciones establecidas por la ley.

Minutos después, Raúl Arroyo abandonó la alcaldía bajo resguardo de la Policía Nacional y agentes de Control Municipal. Ciudadanos presentes en el lugar expresaron su rechazo, gritando consignas y calificando su presencia como ilegal.

A continuación, se llevó a cabo otra rueda de prensa en la que participó María Delfina Chusín, vicealcaldesa electa, quien desde hace dos meses actúa en calidad de alcaldesa subrogante. Ella afirmó que sigue actuando conforme a la ley, lamentando y rechazando las acciones de Arroyo y otros concejales.

Por su parte, Álvaro Vera, procurador síndico municipal, explicó que la situación en Pujilí es lamentable y que se han vulnerado las normativas del procedimiento institucional, incluyendo el Cootad y la Constitución. Además, detalló que Raúl Arroyo interpuso en agosto una acción de protección para que se deje sin efecto la designación de Delfina Chusín como vicealcaldesa, y que la jueza le otorgue el cargo para, en ausencia del alcalde José Arroyo, tomar posesión como alcalde subrogante.

Desde un análisis jurídico adicional, se explica que la validez de la orden judicial de la jueza está en duda. La ley establece que, en caso de recusación contra un juez, su competencia queda suspendida (Art. 27 del COGEP). Esto significa que la decisión verbal de la jueza, aunque anunciada, quedó en un limbo jurídico, ya que la autoridad judicial perdió su competencia en ese momento. Por lo tanto, no existe una orden judicial válida y ejecutable que respalde las acciones de Arroyo.

En cuanto a la legitimidad de los actos de Raúl Arroyo y sus seguidores, estos carecen de fundamento legal. La acción de arrogarse funciones de vicealcalde o alcalde subrogante sin respaldo legal constituye presunta usurpación de funciones, tipificada en el Art. 287 del COIP. Además, el oficio firmado por los concejales, que respalda estas acciones, es considerado nulo de pleno derecho, pues fue emitido por una autoridad sin competencia, según el Art. 103 del Código Orgánico Administrativo.

Para proteger la institucionalidad, se han sugerido varias acciones legales: presentar denuncias ante la Fiscalía por presunta usurpación de funciones, informar a la Contraloría sobre posibles faltas administrativas y emitir un acto administrativo formal que declare la nulidad de todos los actos derivados del oficio ilegal emitido por los concejales.

Un grupo de concejales del GAD Municipal Intercultural de Pujilí emitió un comunicado en el que rechazan categóricamente el intento de designación ilegal del vicealcalde. En dicho documento, firmado por Raúl Arroyo, Myriam Caiza, María Tigasi, Saida Chaluisa y Jorge Toaquiza, se señala que el oficio No. 109-GADMICP-SC-2025, emitido el 30 de septiembre de 2025, carece de validez por no haberse realizado en una sesión formal y conforme a las disposiciones legales vigentes.

Los concejales advierten que este acto vulnera principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la deliberación democrática, establecidos en el COOTAD y la Constitución. Además, califican el acto como inconstitucional, pues afecta la seguridad jurídica y el derecho fundamental a elegir y ser elegido. El nombramiento de un vicealcalde, señalan, debe ser aprobado en una sesión legalmente convocada y con la participación de todos los integrantes del concejo.

Por último, la presencia policial en el lugar se justificó para garantizar el orden público y la seguridad en la alcaldía. La misma finalidad tuvo la participación de agentes de Control Municipal.

Se espera que este viernes 3 de octubre, en una audiencia en Quito, se resuelva la situación del alcalde José Arroyo Cabrera, quien enfrenta procesos judiciales. Se anticipa que, tras la salida de Jorge Toaquiza, hay actualmente dos concejales a favor del alcalde titular, frente a los tres que se mantenían en su apoyo, en medio de un escenario de tensión política y social.