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El debate sobre la regulación de las redes sociales volvió el 1 de octubre de 2025 a la Asamblea Nacional.
En la Comisión de Educación del Legislativo se discute un informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales que fue presentado por los exlegisladores Manuel Bohórquez, de ADN; y Jorge Álvarez, del Partido Social Cristiano (PSC), en el anterior periodo legislativo que finalizó el 13 de mayo de 2025.
Cecilia Baltazar (exasambleísta de Pachakutik), presidenta de la Comisión de Educación, dijo que la propuesta que fue presentada en el último periodo busca establecer ciertas reglas para el uso de las redes sociales.
“Hemos visto la forma en que se usan las redes para temas positivos como la difusión del trabajo diario, o negativos como cuando se emiten mensajes falsos o para intentar confundir a los ciudadanos”, dijo Baltazar, quien comentó que en la primera reunión de la Comisión se estableció que es “muy complicado” limitar el ejercicio del derecho a la expresión.
“Hay que tener cuidado para que la normativa no toque el derecho a la libertad de expresión, ni penalizar algún pronunciamiento a través de las redes sociales”, afirmó.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), se mostró en desacuerdo con aprobar una ley que regule las redes sociales, porque se afectará derechos individuales consagrados en la Constitución, y sugirió el archivo de la propuesta, precisó Cecilia Baltazar.
“Teníamos una frase en el pasado que decíamos: preferimos una prensa con libertinaje, antes que una prensa silenciada porque no puedes tener la prensa perfecta; igual pasa con las redes sociales, de manera que, personalmente, creo que es imposible regularlo, porque ni las potencias creadoras de esta tecnología lo han podido hacer, y peor nosotros como asambleístas”, dijo Serrano en la Comisión.
El asambleísta socialcristiano se declaró defensor de la libertad de expresión, aunque muchos, dijo, conviertan a esa libertad en “libertinaje y abusen de la llamada libertad de expresión que en algunos casos se convierte en agresión o calumnia, pero prefiero eso al otro extremo, que es silenciar”, expresó Serrano.
Afirmó que quizá esto podría darse cuando el Ecuador pueda acceder a equipamiento tecnológico y recursos para tratar de regular las redes. Sin embargo, sostuvo que esto deberá ser después de que los gobiernos prioricen el pago a las dializadoras, cuando se atienda a los hospitales, cuando se atienda a los enfermos o cuando se arregle la infraestructura vial. “Esto es lo urgente, en esto se deben priorizar los recursos”, añadió.
En la Asamblea de transición hubo un intento de regular las redes sociales
En la Asamblea de transición (noviembre de 2024-mayo 2025) ya hubo un debate en torno a un posible control de las redes sociales.
En la sesión de la Comisión de Educación del 1 de octubre, Mateo Carrera, vicepresidente del proyecto START Quito y experto en análisis de redes sociales, destacó que la alfabetización digital es un “punto valioso” propuesto dentro del proyecto, además de su enfoque de enseñanza, verificación de fuentes y promoción del respeto en línea.
Sin embargo, advirtió que en el documento hay líneas rojas relacionadas con los riesgos, como el de entregarle al Estado el control total sobre las redes sociales, “pues esto abre la posibilidad a la censura en un espacio que constituye un canal de libre expresión”.
Enfatizó que, si bien existen problemas reales a combatir, como los discursos de odio, lo responsable es implementar mecanismos para un uso responsable de las redes.
El experto añadió que un ciudadano formado digitalmente es “menos manipulable, menos propenso a difundir desinformación y más consciente del impacto de su voz en redes sociales”.
Por ello, propuso mecanismos de autorregulación con transparencia, en los que cualquier sanción o denuncia cuente con procesos públicos, revisables y no discrecionales. “La educación no puede limitarse al sistema escolar: debe extenderse a campañas permanentes que nos formen como usuarios responsables del entorno digital”, agregó. (SC)
“La Constitución reconoce la libertad de expresión y comunicación libre como un derecho, por lo que limitarlo con términos vagos contradice este principio”.
Mateo Carrera, vicepresidente del proyecto START Quito.
