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El Gobierno Nacional advirtió a la ciudadanía que sancionará con todo el peso de la ley a los grupos o movimientos que incurran en actos violentos, bloqueos ilegales de vías o hechos catalogados como terrorismo. La noche de este jueves 18 de septiembre del 2025 publicó una carta en la red social X.
“El Ecuador es un Estado indivisible, y la soberanía pertenece a todos los ecuatorianos (…) Nadie está por encima de la ley”, señala la misiva, en la que se aclara que las medidas no constituyen represión, sino el cumplimiento del marco legal vigente.
«Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión: es cumplirla», dijo el Gobierno.
El pronunciamiento llega en medio de llamados a movilizaciones y protestas sociales en distintas provincias del país. Las organizaciones sociales y el movimiento indígena convocaron a un paro nacional inmediato e indefinido, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
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En la carta se especifica que el Presidente de la República decretó estado de excepción en varias provincias, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. El texto enfatiza que ningún grupo u organización puede imponer su voluntad “mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos”, y que los derechos de la mayoría deben ser respetados.
«Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. Esto no es represión: es cumplirla»,
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Espera informes sobre Quimsacocha
El Gobierno también se refirió a las demandas relacionadas con el proyecto minero en Quimsacocha, recordando que su continuidad depende de informes técnicos de la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca.
“A esos pocos que fueron derrotados en las urnas, les recordamos: el Estado no continuará con su ejecución”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, el Ejecutivo acusó a ciertos actores políticos de intentar imponer su agenda “al margen de la ley” y reiteró que la única vía legítima para gobernar es el voto popular.
En la misiva defendió la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a una consulta popular como mecanismos democráticos para canalizar las demandas ciudadanas. “Rechazar preguntas en una consulta es respetable; rechazar la consulta misma es negarle al pueblo el derecho a decidir”, subrayó.
