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En una rueda de prensa del Frente Antiminero, realizada este 9 de junio de 2025, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, se pronunció sobre la aprobación de la Ley de Solidaridad impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El documento fue respaldado por 84 legisladores y busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado en medio de la actual crisis de violencia que atraviesa Ecuador.
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La normativa establece nuevas reglas procesales, como la ampliación de plazos en casos de flagrancia, la obligatoriedad de prisión preventiva para delitos vinculados al crimen organizado, y la especialización de jueces y fiscales por tipo de delito.
También, incluye sanciones más severas para delitos relacionados con el tráfico de combustibles, así como medidas de equipamiento para las fuerzas del orden y prevención de la violencia.
«Van a construir falsos positivos»
A pesar de estos objetivos, para el excandidato presidencial Leonidas Iza, la intención de la Ley de Solidaridad no es precautelar el bienestar de los ecuatorianos, sino “construir falsos positivos”.
“No están pensando en la seguridad del Estado. Están pensando en que tienen que perseguir a los pueblos en resistencia”, expresó.
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Según Iza, la normativa permitirá criminalizar a los dirigentes de organizaciones sociales, al vincularlos con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
«Con la famosa Ley de Solidaridad lo que van a construir es falsos positivos a los dirigentes que estamos firmes. Lo que van a pretender es mezclar que ahí hay presencia de los GDO”.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie
El líder indígena lamentó que la aprobación de la ley haya contado con el respaldo de legisladores de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.
Sin embargo, aseguró que quienes votaron desobedeciendo las advertencias del Consejo Político Nacional deberán rendir cuentas en el próximo congreso de la organización.
Movimiento indígena radicalizará su lucha contra proyectos mineros
Por otro lado, la Conaie anunció que radicalizará su lucha contra los proyectos extractivos del Gobierno, a los que acusa de poner en riesgo los territorios y bienes naturales de los pueblos originarios.
Iza advirtió que se fortalecerán las guardias comunitarias para resguardar las fuentes hídricas y los espacios ancestrales. “No podemos seguir aceptando que hagan negocios de la vida”, afirmó.
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Desde el Frente Nacional Antiminero, líderes territoriales denunciaron la criminalización de dirigentes comuneros, con al menos 33 procesos judiciales registrados solo en Cotopaxi.
Iza cuestionó la política estatal, a la que responsabiliza de fragmentar comunidades y permitir la infiltración de intereses empresariales. “No podemos asumir esto como algo normal”, declaró.
La Conaie alertó sobre los impactos sociales y ambientales de la minería, señalando que en muchos casos solo deja “hambre, miseria y enfermedades”.
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Mientras tanto, el Gobierno impulsa al menos seis nuevos proyectos industriales en un sector que en 2023 registró exportaciones récord por más de USD 3.300 millones, pese a contar con solo dos minas a gran escala en operación.
