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La realidad de los conductores que brindan servicios a través de plataformas digitales en Ambato vuelve al debate público. Alejandro Pérez, presidente de la Asociación de Conductores de Aplicaciones de Tungurahua, expuso la situación que afronta su sector que está marcada por sanciones económicas, tensiones con el taxismo convencional y una salida hacia la regularización estancada en la Asamblea.
Según datos del gremio, se estima que cerca de 500 conductores han sido sancionados hasta la fecha en la ciudad en lo que va de este año.
Estos datos generan zozobra entre los miles de conductores que prestan sus servicios a través de las aplicaciones, por lo que Pérez aclaró que, aunque los operativos enfocados directamente en ellos han disminuido y ven con buenos ojos los controles viales generales, especialmente para retirar a conductores en estado etílico que representan un peligro nocturno, rechazan las “tácticas de persecución”.
“Apoyamos que salgan a hacer los controles de la forma adecuada (…), pero no dándonos cacería o poniéndonos una carnada para poder llevarse nuestras unidades”, manifestó el dirigente.
Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (Asoconappe), resaltó que en cada operativo ejecutado por los agentes civiles de tránsito se llevan alrededor de cinco vehículos por semana, cifra que en ocasiones se ha superado.
Son alrededor 2 mil conductores que laboran Ambato mediante plataformas de App.
Angustia al momento de salir a trabajar
Carlos tiene 27 años, es abogado de profesión, pero desde hace poco más de dos años no encuentra trabajo, por lo que lleva ese mismo tiempo trabajando en Uber e InDrive. “La verdad es que aunque dicen que nosotros podemos seguir trabajando, aquí en Ambato sí nos hacen controles siempre, aunque gracias a Dios no me ha pasado nada todavía, eso no implica que no tenga miedo cuando se sube alguien que se ve un poco extraño”, añadió el joven.
Un caso similar es el de Yaritza, quien trabaja seis meses dentro de estas aplicaciones y comenta que aunque a ella no la han detenido “sí conozco de compañeros a los que, inclusive, los han multado un par de veces”.
Ambos comentan que una queja recurrente es que al ser detenidos, ya sea con señuelo o no, los agentes de tránsito no colocan en la citación que estaban trabajando con la aplicación, y eso ha hecho que se pierdan las apelaciones”, añadió Carlos.
La legalidad de las sanciones
Sobre el particular Garcés explicó que mediante la sentencia 106-20-IN/24, la Corte Constitucional (CC) del Ecuador dictaminó la inconstitucionalidad condicionada del artículo 386 (párrafo tercero, numeral 1) del COIP. Ante esto la medida impide sancionar el transporte informal a través de aplicaciones mientras no exista una normativa clara y específica que regule este tipo de servicios.
Así, desde la misma CC se menciona que penalizar la prestación de un “servicio diferente para el que fue autorizado” es constitucional únicamente si el conductor cuenta con una regulación previa que le permita obtener dicha autorización. Al no estar regulado el uso de plataformas digitales (como Uber, inDrive o DiDi) en la ley, no se puede sancionar la actividad.
Así enfatizó que “nosotros solo pedimos que se respete lo que establece la sentencia antes señalada”.
Iniciativa hacia la regularización
Pérez mencionó que se han hecho los acercamientos con diversos asambleístas, pero hasta el momento no han dado frutos concretos, por lo que siguen a la espera de un proceso de regularización.
“Que nos dejen trabajar, que desde la Asamblea nos digan qué requisitos tenemos que cumplir para hacer nuestro trabajo y los cumpliremos”, concluyó Pérez, dejando en claro que el sector está dispuesto a someterse a las normativas y tributaciones que el Estado determine con tal de garantizar su seguridad jurídica.
Mientras desde la Dirección de Movilidad del Municipio de Ambato se recalcó que quienes trabajan bajo esta modalidad no tienen permiso para laborar como servicio de transporte de pasajeros y por ende los agentes civiles de tránsito deben proceder conforme a la normativa vigente. (NVP)
