ANT enfrenta dudas sobre su capacidad para aplicar las reformas a la Ley de Tránsito

Las reformas a la Ley de Tránsito plantean un nuevo escenario para la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pero también abren una interrogante: ¿tiene la institución la capacidad operativa, técnica, informática y de personal para cumplir con todas las nuevas responsabilidades que se le asignan?

Dos expertos en movilidad consultados coinciden en que ese es uno de los principales problemas del proyecto. Aunque consideran positivos varios de los cambios aprobados en la Asamblea Nacional, advierten que llevarlos del papel a la práctica requerirá una profunda reestructuración institucional y recursos que todavía no están definidos.

Con las reformas a la Ley de Tránsito, la ANT suma al menos nueve responsabilidades más:

TEMA	TAREA
Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular	Deberá implementar este sistema tecnológico para la identificación, verificación y control automatizado de vehículos a nivel nacional, orientado a fortalecer la seguridad ciudadana, el control vehicular y la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
Registro para deliverys	Deberá levantar el Registro Nacional de Conductores y Vehículos mediante una plataforma tecnológica. Lo administrará con Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Motos eléctricas y scooters	Tendrá que realizar la clasificación de los vehículos según sus características, además de la normativa para sus condiciones de circulación.
Licencias desde el Registro Civil	La ANT podrá firmar un convenio con el Registro Civil para que esta institución pueda emitir o renovar licencias de conducir.
Certificaciones para fotorradares	Los medios tecnológicos para el control de infracciones de tránsito deberán estar homologados y avalados por la ANT. Para implementar fotorradares, los municipios necesitarán la certificación de la ANT.
Funciones de tránsito	En caso de que se detecten irregularidades en las funciones de tránsito de los municipios, estas competencias podrán ser intervenidas y asumidas temporalmente por la ANT
Fijación de tarifas	Deberá regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en las modalidades que son de su competencia. Junto a los GAD, realizará cada cuatro años estudios de costos reales de mercado para establecer los ajustes tarifarios.
Traslado de bienes o personas por cuenta propia	El registro en línea de los vehículos por cuenta propia para el traslado de bienes se realizará por el usuario en la plataforma tecnológica que la ANT implemente para el efecto.
Sistema Nacional de Peajes	La ANT deberá coordinar con el Ministerio de Transporte la interoperabilidad de información vehicular para el Sistema Nacional de Peajes.

Expertos dudan de la capacidad de la ANT

Para Roberto Custode, experto en movilidad, las reformas prácticamente “duplican o triplican” las tareas que actualmente recaen sobre la ANT. El problema, señala, es que la institución viene manteniendo dificultades para cumplir adecuadamente con sus actuales competencias.

Entre los nuevos desafíos está la regulación de los vehículos de movilidad urbana, como scooters y motos eléctricas. También obligaciones relacionadas con cascos, dispositivos de retención infantil, transporte de carga pesada, sistemas de infraccionamiento electrónico, el registro de deliverys y el dispositivo electrónico de identificación vehicular.

“Es una ley buena, ambiciosa, regula una serie de cosas importantes, pero darle todo ese paquete a una sola institución que tiene las dificultades operativas que tiene la ANT, en lo personal lo veo difícil”, sostiene Custode.

Reestructuración y dinero

Francisco Arias, también experto en movilidad, coincide en que el proyecto establece numerosas obligaciones sin precisar cómo serán financiadas ni qué recursos se destinarán para ejecutarlas.

Uno de sus cuestionamientos está relacionado con los scooters y las motos eléctricas. Señala que actualmente existen vehículos que ingresan al país incluso bajo categorías como juguetes, lo que dificulta establecer quién debe controlarlos y bajo qué parámetros.

Custode considera que la ANT necesitaría una reestructuración institucional profunda, nuevos especialistas y varias consultorías para desarrollar cada uno de los grandes paquetes de obligaciones. Mientras que Arias plantea que el Gobierno debe realizar un análisis de costos antes de aplicar las nuevas competencias. Y agrega que no se trata únicamente de financiar una inversión inicial, sino de mantenerla en el tiempo.

Para los dos expertos, el problema no está en el objetivo de las reformas, sino en la capacidad real del Estado para ejecutarlas.