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El Consejo de la Judicatura (CJ) creó una Unidad y un Tribunal para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Esta resolución se enmarca en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Esa normativa, aprobada por la Asamblea en el 2020, dispone que existan jueces especializados en ese tipo de ilícitos.
Ellos laborarán en una unidad judicial con sede en Quito, pero conocerán causas de todo el país.
¿Cuál será la principal función de estos magistrados?
En la resolución emitida por la Judicatura se detalla que estos jueces especializados juzgarán 44 tipos de delitos.
Estos magistrados resolverán siete delitos de corrupción: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Además, conocerán 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Esa resolución también menciona que no todas las causas las conocerán estos jueces especializados. Los procesos judiciales deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada, las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional y también deben existir víctimas con graves afectaciones.
El Consejo de la Judicatura aún no define el número de jueces que integrarán la nueva Unidad y Tribunal. Sin embargo, desde el 19 de noviembre del 2021 corre un plazo de 30 días para que la Dirección de Talento Humano de Judicatura presente un reglamento para la selección de los nuevos funcionarios.
Además, la Dirección Provincial de Pichincha del CJ, junto con otras direcciones, coordinará la adecuación de un inmueble donde “funcionarán las dependencias judiciales de garantías penales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”.
La Escuela de la Función Judicial también elaborará un programa de formación, capacitación para estos nuevos magistrados. La idea es que fortalezcan sus conocimientos sobre “lucha contra la corrupción, normativa internacional sobre crimen organizado, delitos contra la administración pública, delitos económicos y mecanismos de identificación del lavado de activos”.
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