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Ecuador es el tercer país de América Latina con el precio más barato de la gasolina extra

Solo Venezuela y Bolivia registran un precio más bajo que los $2,46 por galón de la gasolina extra subsidiada en Ecuador. El Gobierno de Daniel Noboa asegura que tiene una hora de ruta clara, donde en primera instancia el precio de la extra y eco país no subirá más de 25 centavos por galón y luego se irá ajustando a través de una banda de precios.  Sin embargo, se acumulan críticas y rechazos de sindicatos y movimientos sociales. ¿Por qué siempre se ha puesto cuesta arriba enfrentar los subsidios a los combustibles en Ecuador?

Según la última actualización de Petroecuador, cada galón de gasolina extra que se comercializa en Ecuador tiene un subsidio de $0,47 por galón. Es decir, si se liberaliza el precio (sin subsidio), en los momentos actuales de menor cotización internacional del petróleo, el precio real que tendrían que pagar los ecuatorianos sería de $2,93 por galón.

Sin embargo, actualmente, con el sistema vigente de subsidios, la gasolina extra se comercializa a $2,46 por galón. Ese precio es el tercero más barato de toda América Latina. Solo Venezuela y Bolivia venden a menor precio su gasolina.

En el caso de la eco país, que es una gasolina extra combinada con etanol, si se liberaliza el precio, los ecuatorianos deberían pasar de $2,46 por galón a $3,13 por galón.

El proceso para reducir el subsidio a los combustibles se empieza a enredar

Como ya ha explicado LA HORA, el subsidio a los combustibles debe bajar de $3.200 millones a menos de $1.000 millones anuales hasta 2027, según lo establecido en el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En 2024, el ajuste sería de alrededor de $408 millones relacionados con el subsidio de las gasolinas extra y eco país. El Gobierno ha asegurado que la fórmula que buscan implementar es liberalizar el precio de esas dos gasolina (sin subsidio para todos) y dar una compensación,  a través de transferencias bancarias directas, para ciertos sectores como taxistas, camionetas de transporte rural de pasajeros, tricimotos y motores fuera de borda, entre otros.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, durante una entrevista en Teleamazonas, detalló que, hasta ahora, la lista de beneficiarios es de alrededor de 85.000 vehículos, entre taxis, camionetas de alquiler y tricimotos reguladas, que tendrán una compensación de aproximadamente $150 dólares mensuales.

Además, Vega Malo ha asegurado que, en una primera instancia, el precio de la extra y eco país no subirá más de $0,25 centavos por galón; y luego se irá ajustando a través de una banda de precios a un máximo de 5% al mes de acuerdo con las fluctuaciones de los precios internacionales.

Incluso, a través de la página del ministerio de Transporte de Obras Públicas se ha abierto un enlace para que se registren los posibles beneficiarios de las compensaciones.

El camino en un principio parecía claro, pero se ha comenzado a enredar con el inicio de los diálogos con sectores sociales y transportistas. Incluso el Frente Popular realizará este miércoles 12 de junio de 2024 una serie de movilizaciones sociales en las calles de Quito.

Las movilizaciones están previstas para iniciar a las 16:00. Los manifestantes se concentrarán en la Caja del Seguro.

Durante una primera reunión en el ministerio de Gobierno en Quito (11 de junio de 2024), donde participaron dirigentes del sector del transporte, se sumaron los cuestionamientos y las exigencias sobre el proceso que busca impulsar el Gobierno.

Se ponen reparos a cómo se construiría la base de datos de beneficiarios, cómo se entregaría la compensación e incluso se hacen pedidos de rebajas de aranceles y otras condiciones ventajosas para que los transportistas importen insumos, repuestos y hasta vehículos con menos costo.

Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), quien fue uno de los participantes de la primera reunión en el ministerio de Gobierno, aseguró que el Gobierno no tiene una hoja de ruta clara; a pesar de que ha dicho que preliminarmente ha establecido alrededor de 84.000 beneficiarios.

«No hay todavía una política clara dentro del tema (de focalización de subsidios a los combustibles). Estamos en conversación. Mientras no haya un planteamiento claro, los transportistas no podemos hacer una declaratoria de apoyo o no. Queremos saber cuál será la hoja de ruta frente a los temas compensatorios que tendrían los transportistas», expuso Gómez.

Gómez aseguró que esperan que desde este viernes 14 de junio de 2024 se instalen, como mínimo, tres mesas de trabajo y diálogo para tratar:

-Mesa de seguridad

-Mesa de compensación de subsidios

-Mesa para tratar temas de la Agencia Nacional de Tránsito

Desde la dirigencia del taxismo también se ha rechazado todo lo propuesto por el Gobierno y hasta han hecho un  llamado a no registrarse porque, aseguran, todavía no han aceptado la compensación y esperan más claridad sobre la medida.

“Es importante indicar que mantuvimos una sola reunión con el señor subsecretario de Transporte. Sin embargo, en ningún momento hemos llegado a un acuerdo en torno a la compensación. Hasta el día de hoy, el Ministerio de Transporte no ha realizado ninguna mesa de trabajo, ninguna mesa técnica”,  el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis.

¿Por qué nunca se concreta la focalización del subsidio a los combustibles?

Uno de los grandes problemas que han saboteado los intentos de una solución concertada para eliminar o focalizar el subsidio a los combustibles es que se busca la solución perfecta que deje contentos a todos.

Esto, de acuerdo con Carlos Román, ingeniero petrolero, en la mayoría de los casos lleva o a no hacer nada; o a establecer soluciones ineficientes, enredadas, burocráticas y con poco efecto de ahorro o recaudación para el fisco deficitario.

Un ejemplo de esto es, según Román, lo que salió de las mesas de diálogo entre el Gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena luego del paro violento de junio de 2022: un ineficiente esquema de subsidio generalizado con excepciones.

Por eso, la solución deber ser simple, pero de aplicación inmediata, y luego se puede ir mejorando con el tiempo. Lo principal es que el combustible subsidiado llegue realmente a los que más lo necesitan; y no sea una ayuda generalizada para todos.

Sin embargo, de acuerdo con Carlos Navas, docente e investigador en desarrollo económico, el principal escollo es que, en algún momento, se debe liberalizar los precios y solo mantener valores subsidiados para sectores específicos como el transporte público y de carga; además de los agricultores pequeños y medianos.

«En otras palabras, no todos saldrán ganando, y a algunos en la sociedad les tocará pagar el costo real. Eso normalmente genera descontento social, protesta y desestabilización. Todos los Gobiernos, ante este panorama, se asustan y ya no hacen nada. Por eso, la solución más fácil siempre es subsidiar a todos y hablar de focalización, pero nunca hacerla», puntualizó.

Hace dos años, luego del paro de junio de 2022, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, ya propuso que existían opciones de sistemas inmediatos para focalizar combustibles, que incluso pueden comenzar a operar muy rápidamente; y luego perfeccionarse poco a poco.

Una de las principales de esas opciones tenías las siguientes características:

1.- Fijar un precio base para el diésel de, por ejemplo, $1.8 por galón; y de la extra en $2,46

2.- Determinar el consumo promedio del transporte urbano. Es decir, cuántos galones consumen en promedio al mes.

3.- Calcular mes a mes cuál es el precio de mercado y compararlo con el precio base. Con base en la diferencia entre esos precios se calcula el valor a subsidiar o cuánto se debe entregar a los transportistas.

4.- Mes a mes se les deposita en una tarjeta que les sirva para retirar la plata de un cajero o para pagar en una estación de servicio.

Para este tipo de medidas se necesita un adecuado registro de todos los transportistas urbanos e interprovinciales y también los de carga. Para eso, se puede cruzar información de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI)Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Tránsito.

Sin embargo, incluso este tipo de soluciones tienen un lado difícil de controlar políticamente porque, si se van a dar precios subsidiados solo a ciertos sectores y actividades, para el resto se deberían pagar precios de mercado y eso es explosivo en sociedades como la ecuatoriana.

Otro mecanismo inmediato, pero que fue descartado de plano durante las protestas de octubre de 2019, es la transferencia directa de recursos a los sectores más pobres, es decir, a los incluidos en el Registro Social. Así, en esa época, a cambio de la eliminación total de los subsidios, el Gobierno de Lenin Moreno propuso un aumento de $15 en los montos entregados por bonos de ayuda social. (JS)

FUENTE LA HORA

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